La gestión compartida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

La gestión compartida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

10 febrero, 2014
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¿Quién gestiona el IBI? ¿Cómo se gestiona?  ¿Qué competencias tiene la Administración Estatal? En este artículo trataré de explicar brevemente la gestión del conocido Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que tenemos que pagar cada año al Ayuntamiento.

Cuando hablamos de la gestión del IBI hay que destacar que nos encontramos ante una gestión compartida, las actuaciones de gestión censal del impuesto corresponde al Estado, concretamente al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Catastro, y por otra parte, la gestión y recaudación corresponde a los Ayuntamientos.

Es el artículo 77 de la Ley de las Haciendas Locales, quien establece cuales son las competencias de los Ayuntamientos en la gestión del impuesto, diciendo textualmente que  “la liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de los ayuntamientos“.

Esta atribución competencial habilita a las corporaciones locales a:

  • Reconocer y denegar exenciones y bonificaciones.
  • Realizar liquidaciones conducentes a la determinación de la deuda tributaria,
  • Emisión de los documentos de cobro.
  • Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
  • Resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones.

En cuanto a la gestión del IBI y su procedimiento, el impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase (urbanos, rústicos y de características especiales) y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año.

Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Los ayuntamientos podrán agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio.

 

En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro. Esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio de delegación de funciones entre el Catastro y el ayuntamiento o entidad local correspondiente.

En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del Catastro confirmará o modificará el titular catastral mediante acuerdo que comunicará al ayuntamiento o entidad local para que se practique, en su caso, liquidación definitiva.

Las competencias que con relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se atribuyen a los ayuntamientos se ejercerán directamente por aquellos o a través de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con aplicación de forma supletoria de lo dispuesto en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades locales reconocidas por las leyes y las comunidades autónomas uniprovinciales en las que se integren los respectivos ayuntamientos asumirán el ejercicio de las referidas competencias cuando así lo solicite el ayuntamiento interesado, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan.

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