La suspensión de la ejecución del acto tributario

La suspensión de la ejecución del acto tributario

15 enero, 2013
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Los actos de naturaleza tributaria se presumen válidos y eficaces desde que se dictan y no se interrumpe, con carácter general, con la interposición de un recurso. La suspensión sólo se produce cuando se solicita y se concede esta. Y esta sólo se concede con motivo de la interposición de un recurso.

Deben garantizarse por un lado el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva pero por otro, no debemos olvidar que los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad y que la delación intencionada en la recaudación de los tributos produciría una quiebra de las arcas municipales.

La suspensión de los actos tributarios constituye una medida provisional y cautelar que se adopta al interponer un recurso, con la finalidad de asegurar el crédito tributario y a su vez evitar que el administrado no se vea perjudicado por la ejecución de un acto que posteriormente se declare ilegal.

El artículo 14.2.i) de RDL 2/2004, establece que la interposición del recurso de reposición, salvo en el caso de sanciones, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. Además en ningún caso se suspenderán los actos censales de tributos de gestión compartida. Se trata de una previsión especialmente pensada para el IBI, donde el recurso frente a los actos censales del Centro de Gestión Catastral no suspende la práctica de la liquidación por parte del Ayuntamiento. En consecuencia, se obliga al interesado a interponer también recurso frente a esta última para poder optar a la suspensión. No obstante, si el recurso de reposición frente al acto censal prospera y la liquidación ha sido pagada, tendrá lugar la correspondiente devolución de ingresos indebidos.

El apartado 2º del artículo 224 LGT sólo prevé la posibilidad de obtener la suspensión automática del acto tributario mediante la aportación de alguna de las siguientes garantías:

  • Depósito de dinero o valores públicos.
  • Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
  • Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.

Podrá suspenderse la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.

Si el recurso no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensión se referirá a la parte recurrida, quedando obligado el recurrente a ingresar la cantidad restante.

Por último, y al igual que sucede en la vía económico-administrativa, cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de reposición, la suspensión acordada en vía administrativa se extenderá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial decida sobre dicha suspensión.

Esperamos vuestros comentarios, experiencias y opiniones.