Las exenciones del IBI y la Iglesia Católica

Las exenciones del IBI y la Iglesia Católica

10 diciembre, 2012
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Tradicionalmente los bienes inmuebles de la Iglesia Católica han disfrutado de una exención en los impuestos que ha ido gravando sus propiedades inmobiliarias. Sin embargo, varios Ayuntamientos antes sus necesidades de financiación y evitar cualquier tipo de privilegio frente a otros contribuyentes, han anunciado su intención de exigir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia Católica.

Esto ha suscitado el debate sobre la constitucionalidad y amplitud de la exención ¿es esta exención aplicable a todas las propiedades de la Iglesia? Estamos ante una cuestión con transcendencia tributaria por el número y, en algunos casos, valioso patrimonio inmobiliario de la Iglesia católica en España.

Es necesario aclarar que el principio de reserva de ley en el sistema tributario local, previsto en el art. 31 y 133 de CE impone que sólo podrán reconocerse beneficios fiscales a en los tributos locales en los supuestos expresamente previstos en las leyes estatales o en los tratados internaciones. Por tanto, los Ayuntamientos no pueden establecer sus propios beneficios fiscales ni modificar los previstos en las leyes estatales. Si la ordenanza fiscal reguladora del impuesto estableciera otros beneficios no previsto en la Ley, esta sería nula.

El RDL 2/2004, de 5 de marzo,  reconoce la exención en el IBI de los inmuebles de la Iglesia Católica en los términos previstos en el AAE. En el AAE se establecen dos tipos de exenciones a las entidades religiosas. Las que son específicas de la Iglesia Católica y las que se aplican por su equiparación a los benéficos fiscales de las entidades no lucrativas.

Los beneficios específicos del IBI son los previstos en el art. 4.1.a) del AEE y se aplican sólo a los inmuebles destinados al culto, a la residencia de los religiosos, a la enseñanza eclesiástica y a las casas de las Ordenes y Congregaciones.

Por otro lado, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,  amplia el catálogo de bines objeto de beneficios fiscales al establecer que, además de los bines contemplados en el AAE, están exentos aquellos bienes en los que no se realizan explotaciones económicas sometidas a gravamen en el Impuesto sobre Sociedades. También permite la exención de los inmuebles arrendados pues la Ley 49/2002  no considera que ésta sea una explotación económica y, en todo caso, están exentas esas rentas.

Por último, están exentos los inmuebles en los que se realizan explotaciones económicas del art. 7 de la Ley 49/2002, lo que supone que están exentas las actividades económicas recogidas en la norma que no generen una renta superior a veinte mil euros.

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