El ICIO puede suponer hasta un 4% del presupuesto, especial referencia a las casas prefabricadas o modulares.
Naturaleza jurídica del ICIO
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, también conocido como ICIO, es un impuesto municipal potestativo, indirecto y de carácter real que se encuentra regulado en los artículos 100 a 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
El origen de este impuesto, sin antecedentes históricos en el Derecho español, se remonta a la tasa municipal por licencia urbanística, como un tributo exigible en proporción al coste de las obras, de forma que se excedía con claridad el coste del servicio. El riesgo de que la tasa fuese declarada ilegal preocupaba a los Ayuntamientos, que podían ver notablemente limitada una de sus principales fuentes de ingresos y, en consecuencia, su autonomía financiera.
El legislador resolvió este problema mediante la creación del ICIO, transformó en impuesto el importe de la tasa que superaba el coste del servicio, resolviendo así el problema de exceso de la tasa. Actualmente el ICIO y la tasa por licencia urbanística son dos figuras tributarias absolutamente distintas y compatibles entre ellas. La tasa se relaciona con un servicio prestado por la Administración, mientras que el impuesto grava la capacidad económica del sujeto que soporta la obra con independencia de que se haya pedido o no licencia municipal de obra.
El hecho imponible del ICIO
El hecho imponible del ICIO está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.
La base imponible y tipo impositivo
La base imponible del ICIO es igual al coste real y efectivo de las obras, lo que se denomina como presupuesto de ejecución material (PEM). Se trata de un concepto complejo e indeterminado y en su consecuencia ha sido la jurisprudencia quien ha ido delimitando los conceptos que conforman el PEM.
No forman parte de la base imponible del ICIO los siguientes conceptos:
- El Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local.
- Los honorarios de profesionales.
- El beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
- También debe excluirse los importes correspondientes a equipos, maquinaria e instalaciones construidos por terceros fuera de la obra e incorporados a ella, en el sentido de no computar el valor de lo instalado pero sí el coste de su instalación.
- Asimismo, quedan excluidos de la base imponible los estudios de impacto ambiental, los estudios sobre Higiene y Seguridad del Trabajo y otros estudios exigidos por la legislación.
El tipo impositivo aplicable será el que el Ayuntamiento tenga aprobado en la correspondiente ordenanza fiscal reguladora del tributo, pero en ningún caso podrá ser superior al 4%.
Cómo tributan las casas prefabricadas o modulares en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
Si la jurisprudencia considera que no computa el valor de lo instalado pero sí el coste de su instalación, cabe preguntarnos qué ocurre con el coste de las casas prefabricadas o casas modulares, cuya demanda ha aumentado en los últimos meses. Al respecto, consideramos que el coste de las casas prefabricadas o modulares no forman parte de la base imponible del ICIO, por el contrario, sí se integrará el coste de su instalación en el terreno. No obstante, ello será así siempre que la casa esté construida previamente a la instalación, si se construye sobre el terreno, sí se incluiría en el coste de la obra.
Quién está obligado al pago del ICIO
Son contribuyentes del ICIO las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que realice aquélla.
La determinación del sujeto pasivo también ha sido una cuestión controvertida, finalmente la jurisprudencia determinó que es aquel que soporta el coste de las obras. Criterio que ya recoge el vigente Real Decreto Legislativo 2/2004, el cual dispone que tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras, no obstante, el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Cómo se gestiona el ICIO
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se puede gestionar de dos formas, la primera, constituye el régimen general, mediante declaración, liquidación provisional, comprobación y liquidación definitiva; y la segunda, mediante autoliquidación (en este caso, el propio obligado tributario cuantifica la deuda y realiza su ingreso).
El peculiar devengo del ICIO, el cual se produce con la realización de la obra, motiva que la gestión del impuesto establezca una liquidación provisional que se practicará en el momento de la concesión de la licencia o presentación del documento sustitutivo (declaración responsable). En ocasiones, la jurisprudencia ha negado la condición de liquidación a este pago inicial, afirmando que no estamos ante una liquidación tributaria sino más bien se trata de un pago a cuenta, pues la liquidación definitiva se realizará una vez finalizada la obra, es decir, una vez devengado el impuesto y previa comprobación por parte de la Administración de lo ejecutado.
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